Sentencia declara la nulidad de pacto de no competencia por contravenir el orden público

Con fecha 25 de junio ha sido notificada Sentencia del Juzgado de Primera Instancia nº 7 de Pamplona, en la que se plantea la solicitud de la clausula penal prescrita por incumplimiento del pacto de no competencia establecida en un contrato de compraventa de negocio, en el que la parte demandada formuló demanda reconvencional al considerar que dicha estipulación debía de considerarse nula de pleno derecho al ser contraria a la libertad de empresa, de trabajo y al orden público.

La clausula reza lo siguiente: “D Juan, Dª María, D David y Dª Adriana, se comprometen por sí y en representación de todos sus familiares en primer grado y de la mercantil __SL a no realizar o participar por ningún modo, ni aun de forma indirecta, en actividades que compitan con la segunda parte en el sector de servicios funerarios o similares, en el ámbito territorial de Navarra, La Rioja, la provincia de Soria, Aragón y el País Vasco. El incumplimiento de los pactos contenidos en esta estipulación obligará al arrendador a indemnizar a la arrendataria en la suma de 600.000 €”.

En primer lugar la sentencia analiza si dicho pacto es válido o no, y en concreto, en su fundamento jurídico segundo considera que la cláusula adolece de cierta ambigüedad o defectuosa redacción, además pone de manifiesto que fue redactada por la parte demandante, quien tenía una posición dominante en el mercado, señalando que debe constatarse que el pacto de no competencia debe ser objeto de interpretación restrictiva, ya que compromete derechos que resultan desproporcionados y excesivos para asegurar el fin que se pretende, al imponer unas limitaciones que afectan a la libertad de competencia que queda reducida en beneficio de la demandante, y además contraviene las normas de orden público.

El Tribunal destaca no sólo la ausencia de limitación temporal, que impide a los demandados dedicarse de por vida a la actividad supuestamente competitiva, sino también la extensión personal, al hablar incluso de los parientes en primer grado, y por último a la extensión geográfica, ya que va más allá de la provincia donde la parte actora desarrolla su actividad.

Por todo lo anterior concluye que el pacto cuestionado ha de ser considerado nulo de pleno derecho, estimando así la demanda reconvencional formulada por la dirección letrada de este Despacho, absolviendo a nuestra representada de la obligación de indemnizar por 600.000 €.

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