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Con fecha 9 de diciembre de 2020, ha sido notificada Sentencia del Juzgado de Primera Instancia nº 6 de Logroño, en la que se estima la demanda de impugnación de acuerdos sociales en materia de liquidación de las aportaciones a capital social realizadas por un socio de una Cooperativa, ya que el Consejo Rector entendía que no procedía la devolución de cantidad alguna.

Este despacho, en defensa de los intereses del socio que decidió causar baja voluntaria, impugnó el acuerdo del Consejo Rector en el que notificaba la liquidación de las aportaciones al capital social, al entender que la misma era extemporánea, ya que incumplía el plazo de tres meses desde la aprobación de las cuentas del ejercicio en el que el socio cause baja, tal y como se regula en el artículo 51.2 de la Ley de Cooperativas, y a su vez, aplicaba una indemnización de daños y perjuicios que no se acreditaba.

La Cooperativa alegó la existencia de prescripción de la acción, al entender que la liquidación de la deuda tuvo lugar en el mes de abril de 2017, sin que fuese impugnada y defiende la temporalidad de la liquidación, al haberse realizado con anterioridad al cierre del ejercicio en el que se produjo la baja, y por tanto, que las deducciones por los daños y perjuicios estaban correctamente calculadas.

El Tribunal, en el primer lugar analiza la prescripción de la acción alegada por la Cooperativa, destacando que la liquidación efectuada en el mes de abril debe ser calificada como provisional, sin que por tanto, pueda entenderse como definitiva y susceptible de surtir efectos, por lo que rechaza de plano la excepción de prescripción alegada de contrario.

En cuanto a la alegada extemporaneidad de la liquidación, el Tribunal comparte el criterio defendido por este despacho de que, la liquidación se efectuó con posterioridad al momento en que se debía haber producido, por lo que la Cooperativa debe devolver toda la suma reclamada como haber social por el socio.

Tras analizar las deducciones a la liquidación que el Consejo Rector aplica, el Tribunal únicamente valida la reducción del 30% como compensación por la salida del socio, prevista en los Estatutos de la cooperativa. Mientras que al valorar la aplicabilidad de la indemnización por los daños y perjuicios, considera que debe en todo momento acreditarse y justificarse el daño causado a la Cooperativa. Y concluye que, al no haberse alegado motivo alguno sobre los criterios seguidos para calcular la indemnización aplicada, limitándose a aludir que es consecuencia de la marcha del socio, que por sí ya supone un daño, no puede ser de aplicación.

Por todo lo expuesto, concluye que la liquidación efectuada por la sociedad demandada es contraría a la Ley de Cooperativas de la Rioja y a los vigentes Estatutos Sociales, estimando así la demanda formulada por la dirección letrada de este Despacho, acordando la devolución íntegra del capital social aportado, con imposición de costas a la parte contraria.

El pasado 4 de octubre este despacho recibió la notificación de la sentencia de la Audiencia Provincial de Logroño que confirma íntegramente la Sentencia en su día dictada por el Juzgado de Primera Instancia nº 5 de Logroño en la que se analizaba un supuesto de posible negligencia profesional de un ginecólogo en la ejecución de las maniobras de un parto, que produjo una parálisis braquial obstétrica a la recién nacida. Dicha demanda se planteó contra el ginecólogo, su compañía aseguradora y ASISA por ser los padres beneficiarios del concierto de asistencia sanitaria suscrito entre ISFAS y ASISA.

En ambas sentencias se llega a la conclusión de que procede la condena a los codemandados al abono solidario de la indemnización cuantificada en la cantidad de 143.362,44 €, así como condena a la aseguradora del ginecólogo al pago de los intereses previstos en el artículo 20 de la Ley del Contrato de Seguro, desestimando las alegaciones relativas al error en la valoración de la prescripción de la acción o a la aplicación de la doctrina del daño desproporcionado.

Con fecha 25 de junio ha sido notificada Sentencia del Juzgado de Primera Instancia nº 7 de Pamplona, en la que se plantea la solicitud de la clausula penal prescrita por incumplimiento del pacto de no competencia establecida en un contrato de compraventa de negocio, en el que la parte demandada formuló demanda reconvencional al considerar que dicha estipulación debía de considerarse nula de pleno derecho al ser contraria a la libertad de empresa, de trabajo y al orden público.

La clausula reza lo siguiente: “D Juan, Dª María, D David y Dª Adriana, se comprometen por sí y en representación de todos sus familiares en primer grado y de la mercantil __SL a no realizar o participar por ningún modo, ni aun de forma indirecta, en actividades que compitan con la segunda parte en el sector de servicios funerarios o similares, en el ámbito territorial de Navarra, La Rioja, la provincia de Soria, Aragón y el País Vasco. El incumplimiento de los pactos contenidos en esta estipulación obligará al arrendador a indemnizar a la arrendataria en la suma de 600.000 €”.

En primer lugar la sentencia analiza si dicho pacto es válido o no, y en concreto, en su fundamento jurídico segundo considera que la cláusula adolece de cierta ambigüedad o defectuosa redacción, además pone de manifiesto que fue redactada por la parte demandante, quien tenía una posición dominante en el mercado, señalando que debe constatarse que el pacto de no competencia debe ser objeto de interpretación restrictiva, ya que compromete derechos que resultan desproporcionados y excesivos para asegurar el fin que se pretende, al imponer unas limitaciones que afectan a la libertad de competencia que queda reducida en beneficio de la demandante, y además contraviene las normas de orden público.

El Tribunal destaca no sólo la ausencia de limitación temporal, que impide a los demandados dedicarse de por vida a la actividad supuestamente competitiva, sino también la extensión personal, al hablar incluso de los parientes en primer grado, y por último a la extensión geográfica, ya que va más allá de la provincia donde la parte actora desarrolla su actividad.

Por todo lo anterior concluye que el pacto cuestionado ha de ser considerado nulo de pleno derecho, estimando así la demanda reconvencional formulada por la dirección letrada de este Despacho, absolviendo a nuestra representada de la obligación de indemnizar por 600.000 €.

El departamento de Derecho Penal de este despacho ha llevado a cabo la dirección letrada del procedimiento penal que terminó por Sentencia 24/2017 dictada el pasado 8 de febrero, por la Audiencia Provincial de Navarra realiza un estudio detallado y pormenorizado de cada uno de los delitos imputados.

Comentario Sentencia

La sentencia de 22 de enero de dos mil dieciséis, dictada por el Juzgado de lo Social nº 2 de Logroño reconoce el derecho a la prestación de jubilación anticipada a un socio trabajador de una cooperativa, en base a lo dispuesto en el art. 161.bis.2.d) de la LGSS, al cumplir con los requisitos para la jubilación anticipada por causa no imputable al trabajador, entendiendo que se encontraba en situación de alta como asimilado a un trabajador por cuenta ajena y que se trató de una situación de reestructuración empresarial que impedía la continuidad de la relación laboral y con ello, la extinción colectiva de los contratos de todos los trabajadores, basado en causas económicas conforme al art. 51 ET prevista en el precepto e involuntariedad del cese que comporta, con interpretación flexible y no restrictiva de la norma.