Exitosa sentencia sobre la procedencia de la devolución de las aportaciones a capital social de una Cooperativa tras la baja del socio

Con fecha 9 de diciembre de 2020, ha sido notificada Sentencia del Juzgado de Primera Instancia nº 6 de Logroño, en la que se estima la demanda de impugnación de acuerdos sociales en materia de liquidación de las aportaciones a capital social realizadas por un socio de una Cooperativa, ya que el Consejo Rector entendía que no procedía la devolución de cantidad alguna.

Este despacho, en defensa de los intereses del socio que decidió causar baja voluntaria, impugnó el acuerdo del Consejo Rector en el que notificaba la liquidación de las aportaciones al capital social, al entender que la misma era extemporánea, ya que incumplía el plazo de tres meses desde la aprobación de las cuentas del ejercicio en el que el socio cause baja, tal y como se regula en el artículo 51.2 de la Ley de Cooperativas, y a su vez, aplicaba una indemnización de daños y perjuicios que no se acreditaba.

La Cooperativa alegó la existencia de prescripción de la acción, al entender que la liquidación de la deuda tuvo lugar en el mes de abril de 2017, sin que fuese impugnada y defiende la temporalidad de la liquidación, al haberse realizado con anterioridad al cierre del ejercicio en el que se produjo la baja, y por tanto, que las deducciones por los daños y perjuicios estaban correctamente calculadas.

El Tribunal, en el primer lugar analiza la prescripción de la acción alegada por la Cooperativa, destacando que la liquidación efectuada en el mes de abril debe ser calificada como provisional, sin que por tanto, pueda entenderse como definitiva y susceptible de surtir efectos, por lo que rechaza de plano la excepción de prescripción alegada de contrario.

En cuanto a la alegada extemporaneidad de la liquidación, el Tribunal comparte el criterio defendido por este despacho de que, la liquidación se efectuó con posterioridad al momento en que se debía haber producido, por lo que la Cooperativa debe devolver toda la suma reclamada como haber social por el socio.

Tras analizar las deducciones a la liquidación que el Consejo Rector aplica, el Tribunal únicamente valida la reducción del 30% como compensación por la salida del socio, prevista en los Estatutos de la cooperativa. Mientras que al valorar la aplicabilidad de la indemnización por los daños y perjuicios, considera que debe en todo momento acreditarse y justificarse el daño causado a la Cooperativa. Y concluye que, al no haberse alegado motivo alguno sobre los criterios seguidos para calcular la indemnización aplicada, limitándose a aludir que es consecuencia de la marcha del socio, que por sí ya supone un daño, no puede ser de aplicación.

Por todo lo expuesto, concluye que la liquidación efectuada por la sociedad demandada es contraría a la Ley de Cooperativas de la Rioja y a los vigentes Estatutos Sociales, estimando así la demanda formulada por la dirección letrada de este Despacho, acordando la devolución íntegra del capital social aportado, con imposición de costas a la parte contraria.

COVID19

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Siguiendo las instrucciones de las Autoridades Sanitarias concienciados con la problemática social que la propagación del brote COVID19 está generando, pasamos a informarles qeu, en las áreas civil y penal, hasta nuevo aviso, no les recibiremos personalmente en el Despacho.

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RESPONSABILIDAD PROFESIONAL DE UN MÉDICO-GINECÓLOGO

El pasado 4 de octubre este despacho recibió la notificación de la sentencia de la Audiencia Provincial de Logroño que confirma íntegramente la Sentencia en su día dictada por el Juzgado de Primera Instancia nº 5 de Logroño en la que se analizaba un supuesto de posible negligencia profesional de un ginecólogo en la ejecución de las maniobras de un parto, que produjo una parálisis braquial obstétrica a la recién nacida. Dicha demanda se planteó contra el ginecólogo, su compañía aseguradora y ASISA por ser los padres beneficiarios del concierto de asistencia sanitaria suscrito entre ISFAS y ASISA.

En ambas sentencias se llega a la conclusión de que procede la condena a los codemandados al abono solidario de la indemnización cuantificada en la cantidad de 143.362,44 €, así como condena a la aseguradora del ginecólogo al pago de los intereses previstos en el artículo 20 de la Ley del Contrato de Seguro, desestimando las alegaciones relativas al error en la valoración de la prescripción de la acción o a la aplicación de la doctrina del daño desproporcionado.

RESOLUCION SOBRE EL CONTROVERTIDO Y ACTUAL PROBLEMA DE BULLYING

Finalizando el año judicial 2019/2019, se ha notificado al departamento de derecho penal de este despacho, la Sentencia 57/2019, de 25 de julio, dictada por el Juzgado de Menores nº 1 de Logroño (La Rioja), que condena a tres menores por la comisión de un DELITO DE TRATO DEGRADANTE previsto y penado en el artículo 173.1 del Código Penal; y a dos de ellos, además, como responsables en concepto de autor de un DELITO DE OBSTRUCCIÓN A LA JUSTICIA, previsto y penado en el artículo 464.2 del Código Penal, en concurso real con un DELITO LEVE DE LESIONES del artículo 147.2 del mismo texto legal; habiendo quedado la cuantificación de la responsabilidad civil derivada del ilícito penal, diferida para ejecución de sentencia a fin de poder establecer, con precisión, le evolución y duración de las lesiones psíquicas que le fueron causadas.

Alrededor de dos millones de menores sufren bullying en España, una cifra que puede representar tan solo la parte visible del iceberg, ya que muchos niños sufren en silencio el acoso y maltrato de sus compañeros. el miedo a denunciar, la ley del silencio, la falta de valores sociales y, en ocasiones, la escasa formación de los docentes son algunos de los ingredientes del caldo de cultivo donde el acoso escolar campa a sus anchas. “El bullying es un monstruo con cara de niño”, así lo define Iñaki Zubizarreta, ex jugador de baloncesto de la selección española, que sufrió acoso escolar en su infancia, por lo qeu estuvo a punto de suicidarse. “El acoso escolar es un maltrato entre iguales. Se mantiene en el tiempo y con clara intención de hacer daño a la persona que lo sufre. a veces, no hay que poner una mano encima, pero uno de los acosos más duros es el de aislar al niño/a del grupo, marginarle y dejarle cada vez más solo“, aclara Zubizarreta.

El acoso escolar tiene muchas caras. simplificarlo en dos bandos, víctima y acosador, descarta la posibilidad de abordar y prevenir esta lacra social de manera adecuada. Detrás de un niño/a que sufre bullying hay personas de su entorno que guardan silencio, docentes y adultos que desconocen la situación de la víctima, bien sea por falta de comunicación o de implicación, padres que protegen a sus hijos acosadores, una sociedad sin valores donde prima la competitividad despiadada y la ley del más fuerte, además de un sistema educativo que todavía no ha encontrado la forma de abordar de manera adecuada los casos de acoso escolar.

En este caso concreto, y según se recoge en la sentencia, los menores expedientados venían mostrando un continuo comportamiento violento y agresivo sobre la víctima, con intención de degradar su persona y humillarlo, prevaliéndose del temor que le inspiraban y dicho comportamiento se manifestaba con collejas, empujones y golpes, pero sobre todo con insultos, tales como “maricón de mierda”, “gilipollas”, “retrasado” o “inútil” y obligándole a hacer lo que no quería bajo amenazas de pegarle. Y, como en la mayoría de supuestos, la situación afectó emocionalmente a la víctima, que optó inicialmente por el silencio, lo que repercutió en su rendimiento académico, dejando finalmente de acudir al Colegio. Fue el personal de la Unidad de Salud Mental Infantojuvenil, que le diagnosticó un trastorno mixto ansioso-depresivo, quien puso los hechos en conocimiento de la Fiscalía de Menores, iniciándose el Expediente de Reforma que ha quedado ahora resuelto.

Sentencia declara la nulidad de pacto de no competencia por contravenir el orden público

Con fecha 25 de junio ha sido notificada Sentencia del Juzgado de Primera Instancia nº 7 de Pamplona, en la que se plantea la solicitud de la clausula penal prescrita por incumplimiento del pacto de no competencia establecida en un contrato de compraventa de negocio, en el que la parte demandada formuló demanda reconvencional al considerar que dicha estipulación debía de considerarse nula de pleno derecho al ser contraria a la libertad de empresa, de trabajo y al orden público.

La clausula reza lo siguiente: “D Juan, Dª María, D David y Dª Adriana, se comprometen por sí y en representación de todos sus familiares en primer grado y de la mercantil __SL a no realizar o participar por ningún modo, ni aun de forma indirecta, en actividades que compitan con la segunda parte en el sector de servicios funerarios o similares, en el ámbito territorial de Navarra, La Rioja, la provincia de Soria, Aragón y el País Vasco. El incumplimiento de los pactos contenidos en esta estipulación obligará al arrendador a indemnizar a la arrendataria en la suma de 600.000 €”.

En primer lugar la sentencia analiza si dicho pacto es válido o no, y en concreto, en su fundamento jurídico segundo considera que la cláusula adolece de cierta ambigüedad o defectuosa redacción, además pone de manifiesto que fue redactada por la parte demandante, quien tenía una posición dominante en el mercado, señalando que debe constatarse que el pacto de no competencia debe ser objeto de interpretación restrictiva, ya que compromete derechos que resultan desproporcionados y excesivos para asegurar el fin que se pretende, al imponer unas limitaciones que afectan a la libertad de competencia que queda reducida en beneficio de la demandante, y además contraviene las normas de orden público.

El Tribunal destaca no sólo la ausencia de limitación temporal, que impide a los demandados dedicarse de por vida a la actividad supuestamente competitiva, sino también la extensión personal, al hablar incluso de los parientes en primer grado, y por último a la extensión geográfica, ya que va más allá de la provincia donde la parte actora desarrolla su actividad.

Por todo lo anterior concluye que el pacto cuestionado ha de ser considerado nulo de pleno derecho, estimando así la demanda reconvencional formulada por la dirección letrada de este Despacho, absolviendo a nuestra representada de la obligación de indemnizar por 600.000 €.

Responsabilidad del empleador por incumplir las medidas de seguridad. ¿Es vinculante el criterio de la inspección de trabajo?

Esta semana el Juzgado de lo Penal nº 2 de Logroño ha dictado sentencia 72/2018 en la que analiza un supuesto delito contra los derechos de los trabajadores, por infracción de las normas de prevención de riesgos laborales, previsto en el art.316 Código Penal en concurso con un delito de lesiones por imprudencia del art.152 Código Penal.

El supuesto se plantea en el desarrollo de una obra de construcción, en la que se encarga a un trabajador el enlucido con mortero de una pared. Para ello, el trabajador disponía de un andamio tubular móvil provisto únicamente de dos ruedas situadas en un extremo, por lo que estaba inclinado. Al momento de iniciar el trabajo, cayó al suelo, lo que le provocó un traumatismo craneal grave, un traumatismo torácico y diversas secuelas que han quedado debidamente acreditadas.

La primera cuestión que analiza la sentencia es la determinación del lugar en que se encontraba situado el trabajador cuando se produjo la caída, si se encontraba subido o no al andamio. El criterio de la acusación fue que desplazó el andamio para situarlo donde tenía que hacer los trabajos, mientras que tanto el de la Técnico de Prevención del Gobierno de La Rioja como el de la Inspección de Trabajo estimaron que el trabajador no se encontraba subido al andamio.

A la vista de todas las pruebas practicadas, el Juzgado ha llegado a la convicción de que la caída del trabajador accidentado se produjo cuando estaba subido al andamio y que bien al resbalar o por una pérdida del equilibrio, cayó.

Resulta interesante destacar de esta sentencia destacar cómo en ocasiones los informes elaborados por los técnicos de prevención de riesgos, o por los inspectores de trabajo, no siempre determinan la veracidad de lo acontecido, habiéndose acreditado en este supuesto a diferencia del criterio mantenido por éstos profesionales, que el trabajador se había servido del citado andamio deficiente, para la elaboración del trabajo que le había sido encomendado.

 

Sentencia absolutoria para nuestros patrocinados: ciudadanos paquistaníes acusados de gestionar una red de tráfico y explotación de compatriotas

El departamento de Derecho Penal de este despacho ha llevado a cabo la dirección letrada del procedimiento penal que terminó por Sentencia 24/2017 dictada el pasado 8 de febrero, por la Audiencia Provincial de Navarra realiza un estudio detallado y pormenorizado de cada uno de los delitos imputados.

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Feliz Navidad

Nos gusta la Navidad y trabajamos para que todos puedan disfrutarla

Pérez Alonso & Prusen Abogados y Euriux Abogados les desea Felices Fiestas y un próspero 2017

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El Juzgado de lo Social nº 2 de Logroño declara el derecho de un socio cooperativista a que le sea reconocida la prestación de jubilación anticipada

La sentencia de 22 de enero de dos mil dieciséis, dictada por el Juzgado de lo Social nº 2 de Logroño reconoce el derecho a la prestación de jubilación anticipada a un socio trabajador de una cooperativa, en base a lo dispuesto en el art. 161.bis.2.d) de la LGSS, al cumplir con los requisitos para la jubilación anticipada por causa no imputable al trabajador, entendiendo que se encontraba en situación de alta como asimilado a un trabajador por cuenta ajena y que se trató de una situación de reestructuración empresarial que impedía la continuidad de la relación laboral y con ello, la extinción colectiva de los contratos de todos los trabajadores, basado en causas económicas conforme al art. 51 ET prevista en el precepto e involuntariedad del cese que comporta, con interpretación flexible y no restrictiva de la norma.

 

Pérez Alonso y Prusén amplía sus fronteras facilitando las relaciones comerciales con Cuba

La semana del 1 de Febrero, el letrado co-director del despacho, D. Alfonso Carlos Pérez Alonso, se desplazó a La Habana con el objeto de concretar vínculos comerciales a través de la empresa “Esfera 2.000 SL” para la exportación de distintos productos alimentarios (vino, vinagre y productos cárnicos).

Pérez Alonso y Prusén Abogados, miembro de la agrupación de interés económico Euriux, ha creado las bases de colaboración en La Habana con la firma “GELFIC” de gestión legal, financiera y contable, dirigida por el abogado-contador Ldo. D. Javier Ernesto Moya Bisset.

Este despacho junto Euriux pretenten, ante el interés comercial suscitado por la nueva situación generada en Cuba, facilitar a sus clientes tanto la información necesaria para iniciar la actividad comercial en aquél país, como la conformación de una estructura en La Habana que facilite in situ las posibles relaciones comerciales.